Guillermo Lasso decreta la disolución del Parlamento para evitar su posible destitución
La Asamblea Nacional de Ecuador amaneció este miércoles rodeada de militares y policías. A los políticos que se acercaron para participar en la segunda jornada del juicio político contra el presidente, Guillermo Lasso, se les prohibió el paso. El mandatario había tomado una decisión drástica para frenar el proceso en su contra. Por primera vez en la historia de Ecuador, decretó la disolución del Parlamento alegando que el juicio, que podría provocar su destitución por haber tolerado un supuesto caso de corrupción, había provocado una “grave crisis política”. La medida obliga a adelantar las elecciones legislativas y presidenciales. Mientras tanto, Lasso gobernará por decreto durante seis meses. En ese tiempo se espera que anuncie si aspira a la reelección.
Acaban así dos años de mandato del político conservador que ha acabado acorralado. En los últimos días había estado negociando votos entre la oposición para que el juicio político no saliera adelante, pero temía que a última hora la presión para su destitución fuera mayor. Lasso no quería que la que considera una Asamblea de poca talla política acabara con su mandato, por eso ha preferido invocar la figura constitucional de muerte cruzada, que cierra su periodo, pero también el de los parlamentarios. Además, le deja una puerta abierta a presentarse en las próximas elecciones.
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En un discurso al país emitido por la cadena nacional, el presidente anunció a las siete de la mañana que la decisión la tomó para dar una salida constitucional a Ecuador “por la grave conmoción interna” que vive el país. Lasso ha acusado al Parlamento de tener “como proyecto político la desestabilización del Gobierno, de la democracia y del Estado”. El presidente indicó que ya había solicitado al Consejo Nacional Electoral (CNE) la convocatoria inmediata de los comicios, que deberían celebrarse a finales de año. “Esta es una acción democrática, porque devuelve a los ecuatorianos el poder de decidir su futuro”, aseguró.
Lasso nunca logró tomarle el pulso al mandato, asediado por una violencia que ha ido en aumento y que ha colocado la seguridad en el centro de las preocupaciones de los ecuatorianos. La mayor presencia de grupos narcotraficantes ha desestabilizado un país que no estaba acostumbrado a los homicidios diarios. En los últimos meses, a las masacres que habían mermado la popularidad del presidente se sumó la sombra de la corrupción sobre el Gobierno.
Ante la posibilidad de ser destituido en un juicio que debía dirimirse esta semana, el presidente ha decidido inmolarse antes que someterse a la decisión de los parlamentarios. No lo echan, se va él. La medida de muerte cruzada, incluida en el artículo 148 de la Constitución, establece que el presidente puede disolver la Asamblea una sola vez en los primeros tres años de Gobierno. Lasso, que había coqueteado con aplicar la medida si avanzaba el proceso en su contra, decidió aplicarla un día después de haber comparecido en el pleno del Congreso para defenderse, en una sesión que se prolongó 12 horas y que debía retomarse esta mañana.
La bancada de la oposición lo acusa por un presunto delito de malversación al no haber tomado acciones ante un contrato entre la empresa pública de transporte de petróleo, Flopec, y Amazonas Tanker, que representó un perjuicio al Estado de al menos seis millones de dólares, según aseguran los interpelantes.
En su discurso, el exitoso banquero que se metió en política aseguró que ser presidente es “un honor sin comparación” e implica “tomar las decisiones adecuadas y necesarias que cada momento histórico demanda”. “Hoy es un día en el que tengo una obligación de dar una respuesta a la crisis política que tiene entrampado el Ecuador”, añadió. El presidente también negó las acusaciones por supuestamente haber tolerado el desfalco.
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Respaldo del ejército
Las Fuerzas Armadas han mostrado su respaldo a la decisión y han asegurado que actuarán “con firmeza, para proteger a la Patria y a los ciudadanos” en caso de que se produzca algún atentado contra la democracia, anunció Nelson Proaño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La Conaie, que representa a los indígenas, y que había advertido de que saldría a las calles en caso de que se decretara la muerte cruzada, ha convocado a un consejo para decidir si se movilizan o no.
A pesar de lo excepcional de la situación, Lasso pretende seguir con normalidad con su Gobierno. El Ministerio de Educación anunció que no habrá suspensión de clases y el presidente firmó su primer decreto. Esa primera medida incluye bajadas de impuestos para los contribuyentes, un claro guiño a una ciudadanía que asiste con estupor a lo que está sucediendo en el país en las últimas horas.
Los diferentes grupos políticos también han empezado a pronunciarse ante la decisión, entre ellos el movimiento de Revolución Ciudadana, que propuso el inicio del juicio político contra el mandatario. En su cuenta de Twitter, el expresidente Rafael Correa aseguró: “Es la gran oportunidad para librarnos de Lasso, de su Gobierno y de sus asambleístas de alquiler, y recuperar la Patria”.
Esta era la primera vez que un presidente ecuatoriano se sometía a un juicio político desde la aprobación de la Constitución en 2008. Antes de eso, la inestabilidad política del país había provocado tres golpes de Estado y el nombramiento de siete presidentes en una década. Guillermo Lasso ganó las elecciones presidenciales en abril de 2021, después de intentar por tercera ocasión llegar a la presidencia, y su mandato culminaba en el 2025. Con esta decisión, su periodo apenas ha superado los dos años. Ahora habrá que ver si decide volver a intentarlo. Con información de El País
